Por: Gipsy Gastello

El Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelve a ser objeto de críticas en el caso que promueve contra el diplomático venezolano Alex Saab, a quien le acusa de “lavado de activos” utilizando como “elementos de prueba” desacreditados testigos y supuestas anomalías financieras que han sido desestimadas por la fiscalía suiza y los sistemas de vigilancia de las instituciones financieras.

Si hacemos un repaso sobre la actuación del organismo estadounidense en torno a su acusación contra el diplomático venezolano y cómo esta desacertada actuación ha derribado la credibilidad del Departamento de Justicia, queda en evidencia que la motivación es eminentemente política, tal y como se revela a continuación.

¿Transferencias sospechosas?

Desde julio de 2019, cuando sancionó y acusó al diplomático venezolano Alex Saab en el mismo día, el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) ha hecho referencia repetidamente a que se enviaron 350.000.000 de dólares a través del sistema bancario estadounidense, entre 2011 y 2015, a cuentas vinculadas a Saab. Sin embargo, el DoJ sólo proporciona «como ejemplo» un pequeño número de los supuestos 405 «pagos sospechosos» sin proporcionar ninguna prueba de por qué estos sean motivo de preocupación. A menos que, por supuesto, los informes de los medios de comunicación al servicio de la derecha internacional, sin fundamento o prueba alguna, además de los tuits aleatorios y claramente orquestados, cuenten en estos días como pruebas en el sistema de justicia estadounidense.

Pero demos un paso atrás y pongamos algo de contexto en lo que el DoJ alega en su acusación contra Alex Saab.

El propio DoJ reconoce que esta gran suma de dinero fue transferida a través de, entre otros, Bank of America, Citibank y Deutsche Bank actuando como bancos corresponsales. Los tres bancos están supervisados por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y el Banco de la Reserva Federal.

¿Debemos creer que los Departamentos de Cumplimiento de estas tres grandes instituciones financieras y otras, vieron pasar cientos de millones de dólares por sus cuentas de compensación y no habrían cuestionado el propósito de las transferencias, especialmente porque las transferencias supuestamente implican la misma cantidad repetida 405 veces? Estos son los mismos gigantes financieros que acosan a los clientes minoristas por transferencias inexplicables de unos pocos cientos de dólares.

El Departamento de Justicia nos pide que creamos que el mismo Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que multó al Habib Bank Limited con la increíble cantidad de 600.000.000 de dólares (que se redujo a la asombrosa cantidad de 225.000.000 de dólares tras una revisión) por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales, cifra que suponían una pequeña fracción de las supuestas sumas sospechosas de las que se habla aquí, no podría haber intervenido y tomado medidas. La respuesta sólo puede ser que no lo hizo porque, al igual que los departamentos de cumplimiento de Bank of America, Citi y Deutsche, no encontró nada sospechoso o preocupante en las transferencias en cuestión.

Sin embargo, al acusar a Alex Saab en julio de 2019, el DoJ nos pide ahora que creamos que, años después de que las transferencias tuvieran lugar, sólo el DoJ, basándose en las pruebas de testigos desacreditados, vio lo que Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y el Banco de la Reserva Federal no pudieron ver.

La credibilidad se ve aún más afectada cuando se entiende que el DoJ también nos pide que aceptemos que los Departamentos de Cumplimiento de los bancos receptores, las Unidades de Inteligencia Financiera de esos bancos y sus Bancos Centrales no podrían haber intervenido en estas transferencias, dada su magnitud si hubieran sospechado de alguna mala acción o evidencia de corrupción.

¡No es judicial, es político!

Desgraciadamente para el DoJ, el fiscal de Ginebra le dio una proverbial bofetada en la cara a principios de este año, cuando puso fin a una investigación de tres años sobre las acusaciones de blanqueo de dinero contra Alex Saab, porque no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones. La credibilidad del Departamento de Justicia, que ya estaba destrozada, se ve aún más afectada por el hecho de que la gran mayoría de los fondos investigados en Suiza procedían del mismo programa de viviendas sociales en Venezuela que el Departamento de Justicia ha considerado problemático (sin ni siquiera llevar a cabo una investigación significativa). Para añadir un insulto a la herida del DoJ, el fiscal de Ginebra pagó a Alex Saab una indemnización, además de poner fin a la investigación, lo que según la ley suiza equivale a una absolución.

Cuanto más se prolongue la persecución de Alex Saab por parte de Estados Unidos, más evidente será que se basa en una persecución judicial por motivos políticos y no en pruebas de que se haya cometido un delito. El Departamento de Justicia debería confesarse y admitir que ha sido utilizado como una herramienta política en lugar de una auténtica aplicación de la ley. Alex Saab ha estado detenido en Cabo Verde durante casi 480 días luchando contra una solicitud de extradición de Estados Unidos, tras haber sido detenido cuando su avión hizo una parada para repostar en la isla de Sal mientras realizaba una misión diplomática especial en nombre de Venezuela.

Por ahora el juego del Departamento de Justicia está claro. No importa la procedencia de esos informes de los medios de comunicación de fuente abierta, no importa los testigos desacreditados y no importa la abyecta falta de pruebas para apoyar la acusación emitida contra Alex Saab. ¿Por qué el Departamento de Justicia está presionando a Cabo Verde para que extradite a Saab a los Estados Unidos? Porque una vez que el DoJ tenga a Alex Saab en suelo estadounidense espera «persuadirlo» rápidamente para que haga un trato. Un acuerdo que no requerirá depender de informes dudosos de los medios de comunicación ni de testigos dudosos y olvidarse de tener que preocuparse por las pruebas. Este es el juego despreciable al que está apostando el Departamento de Justicia porque ha perdido toda la credibilidad para afirmar que la persecución de Alex Saab está motivada políticamente y carece de mérito.