Redacción Fuser News con información de El Estado.com
Diversos informes y estudios relacionados con el riesgo en los territorios, señalan que Honduras, bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, transita actualmente una política devastadora, totalitaria, centralizadora y concesionaria en relación a los servicios públicos, infraestructura, producción energética y recursos naturales.
Esta política concesionaria, ha mostrado que no genera beneficios a su población y es una de las razones por las que Honduras se sitúa actualmente como el segundo país más empobrecido de todo Centroamérica y el Caribe, después de Haití, según señala el portal web de El Estado.com.
El consultor e investigador José Luis Palma Herrera señala que existen varios enclaves en el territorio hondureño; el primero representado por el Puerto Libre de Amapala, que comenzó a través de la figura de la concesión de territorio.
El segundo, igualmente bajo la concesión de territorio, es el denominado “enclave minero, que da inicio de actividades de la Rosario Mining Company, a quien se le concesionó la explotación a 20 años de la mina de El Rosario en San Juancito”, refiere Palma Hererera.
Posteriormente, se dio un aumento de las concesiones mineras a inversionistas extranjeros que en su gran mayoría eran de origen estadounidense, con lo cual se conformó el “Central American Syndicate”. En este periodo las concesiones incluían enormes privilegios aduaneros, exenciones de tributos y acceso total a los recursos naturales necesarios para la explotación minera, tales como el agua.
El saldo de estas concesiones mineras no era precisamente de éxito para la economía hondureña sino de desventajas, ya que no se logra encontrar realmente el aporte-beneficio de lo exportado al desarrollo económico y social del país.
Hernández profundiza esta política de devastación minera seguida de la represión de los movimientos ambientalistas, aun cuando ha venido fortaleciendo el despojo desde que fue presidente del Congreso Nacional, cuando se concesionaron más de un centenar de ríos, entre ellos el Gualcarque, en Río Blanco, Intibucá, y por la defensa del mismo fue asesinada la defensora Berta Cáceres, en el año 2016.
Aporte a la economía es insignificante
Según datos de la confederación internacional humanitaria OXFAM (2017) presentados en su estudio “Territorios en riesgo: minería, tierra y agua en Honduras”, el aporte del rubro minero a la economía nacional es insignificante en comparación con otros sectores económicos del país, “entre el 2000 y el 2015, la minería contribuyó, en promedio, menos del 1 % anual al PIB, y fue el sector que empleó la menor cantidad de mano de obra en Honduras”.
En el 2018 la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, estimó que el 35 % del territorio estaba concesionado, y que los ríos, bosques y montañas pasaron a ser propiedad de los empresarios que sostienen al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento se trataba de 59 concesiones mineras que el gobierno había otorgado a empresas privadas, sin consultar al pueblo.
Según el informe de Riesgo Climático Global de 2019, Honduras es de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (tormentas, lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra).
El estudio denominado “Territorios en riesgo III Minería, hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras”, difundido desde mayo de 2021 y realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, Fosdeh, la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, Cosude y Oxfam develó que: Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios.
De igual forma, el estudio arrojó que otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos, mientras que en los territorios indígenas existen 82 concesiones mineras y la única concesión de hidrocarburos.
Dicho estudio destaca que el área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar 330%.
