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Encuentran sin vida a funcionario español investigado por malversación

Fuser News

14/01/2023
La Audiencia Nacional dio traslado a la Fiscalía para que revise el "Caso Púnica" y para la causa conocida como el "Cártel del Fuego" después de la entrada en vigor de la reforma que afecta al delito de malversación.

Raymar

El exjefe de la alcaldía de Parla, en España, Antonio Borrego, investigado por corrupción tras el “Caso Púnica”, fue encontrado sin vida en un hotel de Aranjuez el pasado 6 de noviembre.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la Justicia del país afirma que Borrego se habría quitado la vida de forma voluntaria.

Tras la confirmación del suceso, la defensa de Borrego presentó en la Audiencia Nacional -tribunal jurisdiccional- la solicitud para la devolución de 60.000 euros a los familiares que abonó el exalcalde de Parla a otro funcionario del gobierno regional de España para evitar la prisión preventiva tras el estallido del caso.

Borrego, de 53 años, fue uno de los responsables políticos señalados por el empresario David Marjaliza como presuntos perceptores de las mordidas entregadas por la empresa de origen francés Cofely para conseguir contratos públicos de alumbrado en distintas alcaldías de Madrid.

Para ese momento,  Borrego era la mano derecha del alcalde socialista de la localidad, José María Fraile y en sus declaraciones, Marjaliza mantuvo que habría entregado hasta medio millón de euros en efectivo a Borrego para amañar presuntamente la adjudicación de obras públicas.

Delito de malversación

La entrada en vigor esta semana de la reforma del delito de malversación, impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hizo temer a los jueces de la Audiencia Nacional que llevan causas por corrupción.

Medios españoles destacan que una de las instituciones más afectadas podría ser Púnica cuyo delito troncal es la malversación.

El caso Púnica, destapó una trama de presuntos contratos fraudulentos en diversos ayuntamientos españoles,  que involucra las “actuaciones urbanísticas fraudulentas”, la corrupción en varios municipios de Madrid, las irregularidades en la construcción de infraestructuras durante la etapa de Granados como consejero del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, expresidenta del Senado español y los trabajos de reputación del empresario Alejandro de Pedro para varios cargos públicos de Madrid y la Comunidad Valenciana.

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