Redacción Fuser News con información de RT
Bolivia derogó este martes, con unanimidad del Senado, la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que había sido aprobada en agosto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras nueve días de paro nacional promovido por sectores de oposición en rechazo a la medida.
#AHORA | Senado sanciona el proyecto de ley que abroga la Ley 1386. pic.twitter.com/EQloEru4bI
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 16, 2021
La anulación de la llamada «Ley madre» acababa de ser votada por la Cámara de Diputados en la madrugada, y solo restaba la aprobación de los senadores.
De acuerdo con la prensa local, el debate inicial se extendió más de lo previsto porque en el texto el oficialismo hizo alusión al golpe del 2019, afirmando que nuevamente se intenta «deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55%».
Oposición boliviana tergiversó la ley
La revocación de la norma fue promovida por el Gobierno luego de registrarse varios días de protestas, disturbios, detenidos, decenas de heridos y un campesino fallecido en el contexto de los incidentes.
Escuchando las demandas sectoriales de las organizaciones sociales, enviamos a la @VPEP_Bol el Anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386 para que no existan pretextos de grupos minoritarios que sigan paralizando nuestra economía. Cuidamos de las familias bolivianas. pic.twitter.com/lW0VOqRDYY
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 14, 2021
Según el Ejecutivo, la legislación original buscaba enfrentar los movimientos ilegales de dinero de los sectores más ricos, sin embargo, sus detractores afirmaban que pretendía fiscalizar a los trabajadores, en un país con mucha informalidad en la economía. También rechazaban que la aplicación de la ley se podía modificar a través de decretos presidenciales.
Por su parte, el presidente Luis Arce acusó a la oposición boliviana de tergiversar el sentido de la ley, mientras las manifestaciones fueron impulsadas por los comités cívicos y contaron con la participación de gremios en distintos puntos del país.
Al momento de anunciar que se derogaría la ley, el mandatario expresó: «Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1.386 con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía».
Tras darse a conocer la decisión gubernamental, dirigentes gremiales, como Francisco Figueroa, representante de vendedores callejeros y pequeños comerciantes, dijeron que se retiran del paro. Sin embargo, desde los comités cívicos sostienen la protesta —con epicentros en Santa Cruz y Potosí—, y llaman a mantener la movilización: «Los bloqueos tienen que seguir intensificándose, estamos acostumbrados a las mentiras del Gobierno», dijo en los últimos días Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
Ante estas acciones desestabilizadoras, dirigentes del oficialismo en Bolivia presentaron una querella contra Calvo invocando los delitos de «sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse los derechos del pueblo».