Por: Ociel López.

Alex Saab, el empresario nacido en Colombia recientemente extraditado, enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Para algunos, ha resultado difícil luchar por un hombre de negocios tan rico como Saab, sobre todo teniendo en cuenta que rara vez entraba en el centro de atención del público. Saab se benefició de los contratos estatales venezolanos y disfrutó de condiciones privilegiadas para adquirir activos estatales que habían sido nacionalizados para el pueblo por Hugo Chávez. Estos incluyeron [cadena de supermercados] Abastos Bicentenario.

Sin embargo, el doble rasero de Washington en el caso es duro.

Si Saab termina siendo procesado por lavado de dinero, los presidentes chileno o ecuatoriano Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, ambos implicados en los Pandora Papers, también deberían ser procesados. Si los portavoces y los medios de prensa estadounidenses continúan infiriendo supuestas conexiones entre Saab y la industria de la droga, entonces el presidente colombiano Iván Duque debería ser extraditado primero, ya que tiene vínculos abiertos con el narcotráfico.

Pero eso no sucederá debido a su proximidad a Washington.

También hay poco debate sobre por qué un país puede asumir el papel de juez y verdugo global a pesar de que las organizaciones multilaterales (incluida la ONU) solicitan la liberación del acusado.

Parece obvio que la caza de brujas contra Saab se debe a que colaboró ​​con el gobierno de Caracas en un momento en que otros intentaban matar de hambre al país.

Sin embargo, las tácticas de miedo contra quienes comercian con Venezuela no se aplican a todos. Un gran número de pequeños y medianos empresarios privados del país natal de Saab, Colombia, continúan comerciando con Venezuela sin consecuencias ni acusaciones de Washington. Muchos colombianos que comercian con Venezuela también viven o viajan con frecuencia a Estados Unidos y hacen sus operaciones bancarias en suelo estadounidense.

La extradición de Saab se produjo pocas horas antes de la cuarta ronda de negociaciones entre el gobierno [venezolano] y la oposición [respaldada por Estados Unidos] en México. Estas negociaciones ahora están paralizadas. La extradición también se produjo unas semanas antes de las primeras elecciones desde 2015 en las que participarán casi todos los partidos de la oposición e incluso algunos de sus líderes más radicales.

Con esto en mente, es difícil no pensar que la extradición tiene un solo propósito: sabotear las negociaciones y evitar a toda costa una normalización política y económica en Venezuela.

Y ese objetivo se ha logrado.

No es necesariamente correcto afirmar que la extradición constituye un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ya ofreció una recompensa de US $ 15 millones por denuncias de narcotráfico.

No está claro cuánto Saab, acusado por los medios comerciales de ser un capo de la droga, podría contribuir en este sentido. El tribunal de Florida que actualmente lo procesa solo lo acusó de lavado de dinero, un delito mucho menor que el que se podría llevar a cabo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, por ejemplo.

En cualquier caso, Maduro no se ve afectado directamente por todo esto. Por el contrario, la extradición es una excelente oportunidad para que paralice cualquier intento de normalización política que pudiera haber puesto al presidente en problemas en el contexto de unas elecciones [presidenciales] más competitivas en el futuro.

Sin negociación, la creación de un campo de juego electoral más uniforme será una batalla cuesta arriba. Un proceso para revertir la restricción política, equilibrar el liderazgo del Consejo Nacional Electoral y alentar la participación de la oposición estaba claramente en marcha hasta ahora, pero eso ya terminó.

¿Por qué querría Estados Unidos socavar este proceso?

¿Por qué Washington preferiría que Maduro se viera obligado a luchar para preservar su vida y la vida de sus asociados y familiares, así como cerrar el mapa político e intentar impedir un campo de juego político más equilibrado y competitivo?

La razón es difícil de comprender, como sucedió con el bloqueo de Cuba, que torpedeó el mapa político durante más de cincuenta años.

Fue un tribunal de Florida el que solicitó la extradición de Saab. Florida es precisamente el lugar donde los grupos de presión cubanos y venezolanos tienen suficiente fuerza para influir en las elecciones estadounidenses. También es donde se trama la estrategia para combatir a los gobiernos enemigos en América Latina, siempre con resultados desastrosos para esos países. Es un estado decisivo.

Si se revisan las últimas declaraciones de estos lobbies sobre las negociaciones en Venezuela, se puede ver que, por ahora, su principal enemigo no es Maduro sino la oposición que optó por la vía política y electoral. Los lobbies se han abalanzado sobre estos sectores, buscando sabotear cualquier intento de diálogo e implosionarlo con la reciente extradición.

El grupo que más se ha visto perjudicado por la extradición de Saab es el sector opositor que se separó del camino violento liderado por Donald Trump. Es decir, la mayor parte del daño se hizo a los sectores que ahora aceptaron la derrota de la insurrección de Guaidó, decidieron respirar hondo y aceptar las condiciones de Maduro para dialogar, tratando de establecer otra forma de hacer las cosas.

Esa oposición está ahora en el limbo con un futuro incierto. Su única carta que queda es la mesa de negociaciones. No importa cuáles sean los resultados electorales del 21 de noviembre, esta oposición necesitará de las negociaciones para generar las condiciones necesarias para desafiar al gobierno de Maduro en las próximas elecciones presidenciales.

La extradición de Saab aleja aún más a Venezuela de tener un resultado electoral con más participación, a menos que el gobierno decida motus propio volver a la mesa e ignorar el sabotaje de Miami. Sería la opción inteligente, aunque no necesariamente deseable, para el partido gobernante, que está siendo blanco de una brutal persecución internacional.

Venezuela también está más lejos de ver la habilitación política de quienes no pueden postularse para cargos públicos, o la liberación de [los llamados] presos políticos. En contraste, Maduro y su séquito necesitan más aferrarse al poder.

Otro tema es qué pensarán los militares sobre la detención y extradición inminente de España a Estados Unidos de [exjefe de inteligencia] Hugo Carvajal, el militar que abandonó el gobierno de Maduro cuando Guaidó le ofreció plenas garantías y amnistía.

Estos movimientos se hacen para debilitar a Maduro y alentar a los medios reaccionarios de derecha a perseguir al chavismo. Para los lobbies cubano y venezolano en Miami, es impensable no perseguir a sus enemigos. Esta estrategia se debilitaría si se resolviera la crisis política de Venezuela. Paradójicamente, al hacerlo, terminan atrincherando al gobierno en el poder.

Suena muy básico, pero no se puede encontrar otra explicación: perseguidos a nivel mundial, Maduro y su equipo no tienen más remedio que mantenerse en el poder.

El inicio de las negociaciones en México nos hizo pensar que el gobierno de Biden iba a apostar por otra estrategia, pero los acontecimientos en Afganistán pueden haberlo persuadido de que es necesario mantener una retórica dura. De manera similar, es posible que le hayan enseñado que las negociaciones, como dijo el asesor de seguridad de Trump, John Bolton (según Elliott Abrams), son un «signo de debilidad».

Con la extradición de Saab y Carvajal, Washington (y especialmente Miami) se sentirá empoderado. Este empoderamiento es real y concreto sin importar si impide una salida política a la crisis venezolana y termina perpetuando el gobierno de Maduro.