Los titulares de los medios ecuatorianos han sido tomados por las noticias donde se señalan dos nombres: Rafael Correa y Alex Saab. Este boom se debió a las acusaciones que ha realizado el presidente de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, Fernando Villavicencio, quien ha asegurado la existencia de una “trama de corrupción” entre el expresidente ecuatoriano y el diplomático venezolano.

Según Villavicencio, conocido por ser un furibundo anticorreísta y por haber emprendido varias acciones judiciales contra el exmandatario ecuatoriano sin éxito, el caso se remite a la empresa Foglocons a la cual acusa de “exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela” que aseguran suman 2.000 millones de dólares.

Las suposiciones imperan

Para sustentar su acusación, Villavicencio se enfoca en un incremento de las exportaciones de paneles prefabricados para construcción de viviendas desde Ecuador y hacia Venezuela entre los años 2012 y 2013, periodo que coinciden con el impulso y establecimiento de récord en la edificación de unidades habitacionales por parte del programa venezolano, llamado Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), dirigido a favorecer a las clases humildes.

Para el año 2013 Venezuela alcanzó la cifra de poco más de 200 mil viviendas construidas por este programa social, número que duplicaba las alcanzadas en 2012, hecho que explica una mayor demanda de materiales para la fabricación.

El otro argumento expuesto por Villavicencio es la utilización del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) creado por los Gobiernos de Ecuador y Venezuela como un mecanismo dirigido a desvincular sus operaciones comerciales del dólar, acción que ha sido puesta en práctica no solo por estos dos países sino por otras naciones que trabajan para librarse de lo que han llamado “la dictadura del dólar” a través de sistemas como el Sucre, otros con el establecimiento de cestas de monedas o el intercambio en monedas nacionales.

Para el asambleísta este incremento supone una “irregularidad” y aduce que “podría tratarse de operaciones de lavados de dinero”, señalamientos sobre los cuales no ha presentado pruebas y han sido negados en reiteradas oportunidades por los empresarios que son acusados por Villavicencio.

La justicia ha hablado

Este nuevo intento por promover estas acusaciones a instancias judiciales, se suma a los realizados en 2014 donde fue desestimado al no comprobarse las irregularidades señaladas, ni contra la empresa Foglocons, ni contra el entonces presidente Rafael Correa.

Posteriormente en el año 2015 se retoma la promoción de estas acusaciones para promoverlo nuevamente a instancias judiciales teniendo como resultado que en 2016 un tribunal ecuatoriano desestima nuevamente el caso y ordena el desbloqueo de 50 millones de dólares de la empresa que permanecían congelados.

Villavicencio y los fake news

El hoy presidente de la comisión de fiscalización de la AN ecuatoriana ha sido un personaje controversial por sus constantes acusaciones basándose en “investigaciones” de las cuales no muestra pruebas.

De profesión periodista inició su vida profesional como comunicador en la estatal petrolera Petroecuador en 1996, donde llegó a ser sindicalista con el apoyo del movimiento Pachakutik, posición desde la cual hizo señalamientos contra el entonces presidente de esta nación Jamil Mahuad por lo que fue despedido.

Posteriormente, infundió señalamientos contra todos los mandatarios ecuatorianos que antecedieron a Correa y en 2009 se convierte en asesor del parlamentario Clever Jiménez, miembro fundador de Pachakutik, con quien inicia una serie de acciones de oposición al expresidente Correa, llegando incluso a brindar su apoyo y defender el intento de sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 donde mantuvieron secuestrado al entonces mandatario ecuatoriano quien fue rescatado por una operación que Villavicencio calificó como un delito de lesa humanidad.

Ya para 2014, acusó a Correa de haber financiado su campaña a la reelección con dinero de Odebrecht y otras multinacionales, caso del que aseguraba poseía “decenas de facturas, correos electrónicos, cuadros de Excel y asentamientos contables sobre el manejo de 11,6 millones de dólares”, pruebas que tampoco presentó y que ameritaron la desestimación de su acusación.

A este prontuario de infamias se le suman el delito de injuria calumniosa y la no calumniosa grave en el Juzgado Décimo Cuarto de Garantías Penales, interpuesto en 2008 por Fabricio Correa Delgado; por el delito de rebelión en la Sala Penal de la Corte de Pichincha, interpuesto en 2006 por Hugo Unda; un juicio ejecutivo para el cobro de una letra de cambio que reposa en el Juzgado Vigésimo de la Civil, interpuesto en 2006 por Galo Valencia Gavilánez.

Del fake news al lawfare

Ya como asambleísta y con el auspicio del empresario y presidente Guillermo Lasso, Villavicencio retoma antiguas acusaciones desestimadas por la justicia y emprende lo que algunos han llamado el nuevo lawfare destinado a dañar la imagen del correísmo, utilizando para ello el nombre del diplomático venezolano Alex Saab a quien asocia a la empresa Foglocons, pese a que sus dueños son Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez, quienes públicamente han aceptado la propiedad de esta empresa y han negado las acusaciones presentando sustentos que derriban el caso.

Entre los señalamientos del asambleísta se encuentra el “vínculo” entre Correa y el Enviado Especial de Venezuela, el cual ha sido negado por el expresidente ecuatoriano quien tajantemente ha dicho no conocer a Saab. Otro ha sido el asociar a los dueños de Foglocons con el narcotráfico colombiano sin que haya mostrado alguna prueba sobre esto.

Como cierre de lo que ha denominado la “trama”, ha apuntado contra el excandidato presidencial Andrés Arauz acusándolo de haber recibido un millón de dólares para su campaña y de haber “facilitado el lavado de dinero” a través del sistema Sucre como presidente del Banco Central de Ecuador.

Engavetando los Pandora Papers

Este ademán de “periodista de investigación” y “fiscalizador incansable” que ha promovido la prensa alrededor de Fernando Villavicencio fue echada al traste con la revelación de los Pandora Papers, donde aparece el nombre del actual presidente Guillermo Lasso como uno de los miembros de este grupo de evasores de impuestos a través de paraísos fiscales y empresas offshore.

Pese a la relevancia de las pruebas divulgadas, Villavicencio optó por oponerse a que el caso se investigara por la AN y presentó un informe donde, contrario a su práctica de acusar sin sustento, señaló que “para hacer una investigación hay que hacerlo con documentos, de lo contrario no hablen de una investigación”.

Aunado a esto, se opuso a la conformación de una comisión independiente que investigara estos hechos que son públicos y forman parte de un entramado de empresarios dedicados a evadir impuestos en sus países a través de empresas offshore.

Este historial de marcada tendencia anticorreísta, de acusaciones de difamación y de favorecimiento a sus cercanos ideológicamente, son parte del currículo de Fernando Villavicencio, el periodista y asambleísta ecuatoriano que hoy se erige como un luchador por la verdad y promotor de la justicia.