Este 7 de febrero se cumplen dos meses del inicio de las incesantes protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte en Perú y la ilegal destitución de Pedro Castillo.
Entre bloqueos de vías, parálisis económica y estado de emergencia en nueve de las 25 regiones del país, la Presidencia encargada y el Congreso parecen incapaces de alcanzar consensos.
El adelanto de elecciones, una exigencia de los manifestantes que votaron por la izquierda, sigue sin cumplirse y ambas partes, tanto el ejecutivo como el legislativo, acordaron aplazar hasta agosto cualquier debate al respecto, demostrando su falta de voluntad.
El Congreso, de mayoría derechista, torpedeó cuatro proyectos de ley que planteaban fijar una fecha entre julio de 2023 y diciembre de 2024. En este cruce de intereses, la petición de los sectores afines a Perú Libre de incluir también una convocatoria a Asamblea Constituyente hizo que se frenara cualquier tipo acuerdo.
Sin embargo, la diputada Digna Calle, de Podemos Perú, quien renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso confesó que sus colegas no tenían desprendimiento porque privaban sus intereses económicos.
«Pienso que esa es la única motivación para retrasar este adelanto de elecciones. Han mejorado su estilo de vida y, lamentablemente, no lo quieren dejar; y ponen pretexto tras pretexto», aseguró.
Boluarte, por su parte, asegura que dimitir «no está en juego», pues sería ceder a un «chantaje político».
Sin elecciones
Aunque algunos expertos sostienen que la verdadera razón es el temor a enfrentarse a la justicia y asumir las consecuencias de los muertos en las protestas provocadas por la represión policial.
«Se percibe ese claro alineamiento de una estrategia» entre las iniciativas de ambos poderes, que por ahora mantienen sus cargos hasta 2026, señaló la politóloga Paula Tavera Pineda para France 24.
Los parlamentarios han realizado 11 votaciones para no llegar a un acuerdo que frene los decesos, disminuya la frustración del pueblo y ofrezca una solución lógica y política a la crisis del país.
Represión y muertes
Los medios locales reportan la muerte de por lo menos 69 personas desde el inicio de las protestas. La Defensoría, por su parte, maneja la cifra de 59 muertos y un total de 1.622 heridos.
Uno de los hechos más relevantes de este tipo ocurrió en Puno, donde por lo menos 17 personas fallecidas durante las movilizaciones presentaron impactos por armas de fuego. Mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por «genocidio» contra Boluarte, desde el Gobierno se ha tratado de vincular a Bolivia con estas muertes.
Mientras tanto, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, donde fue privado de libertad tras ser destituido. La semana pasada, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa hecha por su defensa para intentar anular la investigación por el presunto delito de rebelión.
