El Poder Judicial de Perú dictó este jueves 36 meses de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo por supuesta organización criminal y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Checkley ordenó 36 meses de prisión contra Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se encuentra prófugo.
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El magistrado impuso a Silva la prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Geiner Alvarado, deberá pagar una fianza de 35.000 soles, equivalents a 9.200 dólares estadounidenses, además de cumplir con normas de conducta y comparecer ante el juzgado durante su procesamiento por presunta vinculación con la organización criminal.
Durante la audiencia virtual, el Presidente Constitucional de Perú, manifestó que iba a hacer «lo que la ley» le faculta, al respaldar la apelación que presentará su abogado contra la medida que lo mantiene en el centro penitenciario de Diroes donde también se encuentra el expresidente Albereto Fujimori.
De acuerdo con la prensa local, la prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico para ejercer el cargo de gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Así como el nombramiento del exministro Silva con la supuesta intención de «direccionar los proyectos» de infraestructura, a cargo de esa cartera.
Supuesto soborno
El juez Checkley citó dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López manifestó haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
Checkley afirmó que «Castillo tuvo una participación clave» en estas «conductas ilícitas” e indicó que Castillo se enfrenta a una posible pena de 32 años de cárcel.
