A tres meses del escape de Leonard Glenn Francis, conocido como “Fat Leonard”, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en San Diego, California, tras el mayor escándalo de fraude en la Marina de Estados Unidos (EE.UU.), medios del país destacan que las demandas de los miembros de la Cámara y el Senado de la nación norteamericana han sido ignoradas en sus intentos por conocer sobre lo que califican como “vergonzosa fuga” del hombre de 57 años, recapturado por Interpol en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela, en septiembre de este año.
A raíz de la detención, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, con ponencia de la magistrada Elsa Gómez, fijó un plazo de 60 días para que el Gobierno estadounidense presente su solicitud de extradición, mientras Francis solicita asilo en el país suramericano.
Francis fue el autor intelectual de un extenso esquema de soborno que operaba a través de su compañía, con sede en Singapur, que prestaba servicios a la Flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos. Asimismo, los investigadores afirman que el contratista cometió una estafa por más de $35 millones comprando favores de los oficiales con fiestas sexuales y regalos de lujo.
DOJ
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en San Diego se negó a comentar cuando se le preguntó si se había presentado una solicitud de extradición. Anteriormente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) indicó que no comentaría sobre las solicitudes de extradición hasta que el ciudadano solicitado regrese a los EE. UU., de acuerdo con el portal Stars and Stripes.
Permisos inusuales
La semana pasada, la jueza federal de San Diego, Janis Sammartino, que supervisó el inusual permiso médico de un año que le permitió a Francis vivir fuera de la cárcel, rechazó una demanda de los abogados defensores para obtener más detalles sobre la salud y las condiciones de vida de Francis.
“Quién era o no responsable de la supervisión y el control de Leonard Francis no es el problema”, dijo a Sammartino Joseph Mancano, el abogado del capitán retirado convicto David Newland, durante una audiencia el miércoles. Mientras argumentó que el problema era que la defensa tenía derecho a esa información antes del juicio, para mostrar al jurado que, si bien Francis había sido un testigo colaborador durante años, el gobierno le otorgó beneficios extraordinarios.
Newland es uno de los cuatro ex oficiales de la Marina estadounidense que fueron condenados por cargos de conspiración y soborno en un largo juicio este año.
En las mociones posteriores al juicio, precisaron que las condiciones de vida de Francis debieron ser reveladas antes del juicio, entre ellas alquilar una mansión multimillonaria en el área de Carmel Valley, con servidumbre, además de toda la comida que podía pagar, resultó en un sistema de seguridad nada estricto.
También señalaron que Francis incumplió las condiciones de su liberación que le prohibían poseer teléfonos celulares, computadoras o dispositivos electrónicos.
Después de cortarse un brazalete de rastreo GPS durante la mañana del 4 de septiembre, Francis huyó a través de la frontera hacia México, continuó su recorrido hacia Cuba y luego a Venezuela, donde fue arrestado por agentes de la Interpol 16 días después de su vuelo.
