El Movimiento Popular para el Progreso (MPP), al que pertenece el expresidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, quien fue destituido y detenido el pasado 24 de enero tras un golpe de Estado, denunció en un comunicado que el exmandatario aún sufre restricciones de libertad después que las autoridades de transición permitieran que regresara a su domicilio.
«Constatamos que esta liberación no es total en la medida en que el presidente sufre aún restricciones de libertad», refiere el texto difundido por el partido del exmandatario, citado por la agencia EFE.
El Movimiento realizó un llamado a las autoridades de transición a “acceder a las distintas peticiones que exigen la liberación sin condiciones del presidente», agrega el comunicado.
La junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado informó el pasado miércoles sobre su decisión de que Kaboré regresara esa misma noche a su domicilio en Uagadugú, la capital de Burkina Faso.
«Se están tomando medidas para garantizar su seguridad», señalaron en un comunicado, sin ofrecer más detalles.
Por su parte, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) exigió en repetidas ocasiones la puesta en libertad «sin condiciones» del expresidente.
Golpe de Estado
Como consecuencia de una escalada del descontento social por la inseguridad generada por la violencia yihadista en el país africano, los militares tomaron el poder, mientras que la junta confirmó el golpe de Estado en la televisión estatal.
Asimismo, anunciaron la destitución del presidente Kaboré, quien acabó dimitiendo, además de otras medidas como la disolución del Gobierno y el Parlamento o la suspensión de la Constitución.
El pasado 5 de marzo, el líder golpista y presidente interino del país, el Teniente Coronel Paul Henri Damiba, aprobó la designación de un Gobierno de transición, después de firmar el 28 de febrero una carta de transición que establece que los rebeldes gobernarán Burkina Faso durante un periodo transitorio de tres años.
Burkina Faso, un país limítrofe con Mali, Níger, Costa de Marfil, Togo y Benín, tiene una población de unos 20 millones de personas y sufre el yihadismo desde 2015 y este golpe de Estado quedó registrado como el cuarto que sufre la región de África occidental en el último año y medio.
