La Defensoría del Pueblo de Colombia contabilizó 145 homicidios de líderes sociales y activistas en defensa de los derechos humanos durante el 2021, de acuerdo con un reporte actualizado por el organismo.
El trabajo de seguimiento, realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, expone que 7 de los 32 departamentos de la nación neogranadina concentraron el 70 % de los asesinatos registrados: 24 en Antioquia; 22 en Cauca; 19 en Valle del Cauca; 10 en Chocó; 9 en Nariño; 9 al Norte de Santander y 9 en la comunidad del Putumayo.
Las cifras difieren de las reportadas por la organización no gubernamental Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que reportó 171 homicidios de líderes sociales en 2021.
María del Carmen Molina Imbachi
31/12/21
San Pedro, Valle del CaucaCon María del Carmen Molina Imbachi fueron 171 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2021 y 1286 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/yDtqjg6Wyt
— INDEPAZ (@Indepaz) January 2, 2022
El recuento de la Defensoría del Pueblo de Colombia superó la información emitida el pasado miércoles por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya oficina en Colombia verificó el año pasado un total de 78 homicidios contra defensores de los derechos humanos, aunque mantiene en proceso de revisión otros casos denunciados.
Igualmente, la Agencia de las Naciones Unidas en Colombia manifestó a través de su cuenta en Twitter, que después de cinco años del Acuerdo de Paz, “la violencia contra los excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil”.
Después de cinco años, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil. Desde la firma del Acuerdo de Paz en #Colombia, 303 excombatientes (10 mujeres) han sido asesinados, diez en los últimos 3 meses. https://t.co/NNkdpTcco1
— Noticias ONU (@NoticiasONU) January 13, 2022
La Defensoría del Pueblo señaló que los asesinatos y el desplazamiento forzado de miles de familias en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca se deben, en gran medida, a la presencia de grupos armados irregulares que se disputan el territorio para apropiarse de cultivos ilegales y para la «extracción ilícita de minerales».
