La defensa del diplomático venezolano Alex Saab presentó una moción ante el Tribunal de Florida con pruebas que demuestran que Estados Unidos (EE.UU.) tenía conocimiento de su estatus diplomático y las funciones que ejercía como Enviado Especial de Venezuela, cuando fue secuestrado.
Son aproximadamente 2.200 registros estatales no clasificados, entre documentos, memorándums y correos electrónicos, que evidencian, incluso, la preocupación de la Casa Blanca por el nombramiento de Saab en 2018, porque en esa fecha aún reconocían a Nicolás Maduro como presidente de la nación bolivariana y ambos países mantenían relaciones diplomáticas.
Por ejemplo, uno de los documentos de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia revela una conversación entre funcionarios de alto nivel del Estado, en relación con las reclamaciones de inmunidad de Saab, en las que el entonces Secretario de Estado, Mike Pompeo, reflexionaba sobre las dificultades que podrían existir si era nombrado Enviado Especial antes de enero de 2019, como finalmente sucedió.
Solicitud parcial
El pasado 15 de septiembre, el juez Scola ordenó presentar parcialmente al diplomático venezolano todo el material relacionado con el resumen de la información en la carta del 15 de agosto de 2022.
El tribunal autorizó entonces a buscar y presentar antes del 18 de octubre todo el material no clasificado que responda y que esté en posesión, custodia o control del equipo de acusación, entre ellos Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FB)I, la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero denegó las solicitudes de la defensa con respecto a los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro.
En este sentido, la defensa del diplomático venezolano reitera que el Tribunal de Florida debe conceder la moción limitada de reconsideración por motivos muy importantes, uno de ellos porque el gobierno estadounidense ha presentado ahora pruebas que impugnan una declaración anterior del mismo Estado que argumentaba que Saab no es un diplomático, pero ya ha sido reconocido incluso por el Departamento de Justicia.
«Por lo tanto, la reconsideración es necesaria para evitar la injusticia manifiesta (…) cuando el gobierno ha accedido voluntariamente a proporcionar a un acusado penal ciertas revelaciones, no puede entonces eludir sus obligaciones», destaca la defensa.
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