El abogado Emilio Camacho reiteró que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar admisible la causa del expresidente paraguayo Fernando Lugo contra el Estado por su destitución, podría marcar un precedente para otros casos de lawfare contra líderes de izquierda en América Latina
Lugo fue destituido por el Congreso mediante un juicio político en junio de 2012, tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
No obstante, el procedimiento fue considerado ilegal por su partido, el Frente Guasú y Lugo destacó que su remoción fue golpe parlamentario parte de la misma estrategia que se ha impulsado en la región contra los líderes progresistas y expresidentes Fernández, Rousseff, Luiz Inácio Lula Da Silva y Rafael Correa.
En este sentido, la Comisión iniciará el análisis de fondo del planteamiento del exmandatario, que contará con un plazo de seis meses.
Según Camacho «los grandes intereses antidemocráticos vigentes y dominantes de Paraguay» presionaron para que Lugo fuera destituido.
Reiteró a su vez que el juicio contra Lugo fue el más atroz en materia de violaciones de derechos humanos que registre la historia paraguaya.
«El pueblo votó a Lugo, pero se violentó la soberanía popular y aprovecharon una masacre en una comunidad de campesinos. Es el primer caso de lawfare e instrumentalización de la institución para perseguir políticos”, agregó.
Camacho reiteró que el expresidente Lugo está dispuesto al diálogo con el Estado paraguayo. Por otro lado, el abogado no descartó pedir el restablecimiento de sus derechos para volver a ser candidato a presidente.
