La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, informó este lunes sobre la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien investiga el caso por el intento de asesinato en su contra y está vinculada con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
A través de su cuenta en Twitter, Fernández señaló la dependencia de la jueza con el Ministerio de Seguridad de CABA, “el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, indicó.
En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023
El equipo de defensa de la Vicepresidenta argentina recordó en el documento que, “dado que el objetivode las causales de recusación es evitar que intervengan jueces parciales o que parezcan parciales, el instituto de la recusación también procede cuando la falta de imparcialidad es evidente demodo genérico (Fallos: 321:3504)”.
Antecedentes
La jueza Capuchetti tiene un contrato como investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) que depende del gobierno de Buenos Aires y da clases en la Policía de la Ciudad. El ministro de Justicia, Martín Soria, denunció que la relación laboral es incompatible con su función como magistrada.
La recusación presentada argumenta que «el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos» mientras apuntó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica».
En este sentido, la querella destaca que para que Capuchetti pueda estar en el ISSP debe contar con la autorización expresa de la Corte Suprema de Justicia, entretanto, puntualizó que el líder del instituto es el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro.
“Se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”, refiere el documento.
