La Corte Penal Internacional (CPI) emitió orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, por presuntos crímenes relacionadas a la operación militar especial en Ucrania.
El tribunal ubicado en La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso y de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño de Moscú.
No obstante, la CPI no ha presentado evidencia, y recalca que las órdenes son secretas para proteger a víctimas, testigos y también para salvaguardar la investigación.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, tachó de «nula» la orden contra Putin y recordó que Moscú no es parte en el Estatuto de Roma de la CPI, por lo cual no tiene ninguna obligación en virtud de este tribunal.
«Rusia no coopera con este organismo (…) Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos», comentó.
