El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este martes que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I del tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque la nación suramericana pidió el aplazamiento.
«Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», señala el fiscal de la CPI en un comunicado.
Corrobora que su oficina, en la revisión de la información, ha tomado nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos. “Mi Oficina también reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos”, afirma.
Aplazamiento no descartado
El Fiscal reconoce además que, «aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento».
«Estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes», señala Karim Khan.
Además, asegura que sigue «comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad».
El Fiscal Jefe precisa que corresponderá a los jueces de la Corte decidir sobre los méritos de la solicitud de aplazamiento de Venezuela y su solicitud de continuar las investigaciones.
Khan felicita al Gobierno de Venezuela «por su compromiso constructivo desde la apertura del examen preliminar hasta la fecha».
También acota que continuará buscando formas constructivas para dar una implementación práctica al Memorándum de Entendimiento firmado el 3 de noviembre de 2021 con el Gobierno venezolano, que “incluye el apoyo de mi Oficina a los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración efectiva de justicia, de conformidad con el artículo 17″ del Estatuto de Roma.
