Venezuela ratificó su rechazó a la decisión de una corte estatal de Estados Unidos (EE.UU.) que pretende hacer cumplir un laudo arbitral a favor de la petrolera ConocoPhillips valorado en 8.700 millones de dólares y que data de 2019, en perjuicio de los bienes del país latinoamericano.
El Gobierno venezolano aseguró que la pretensión de ConocoPhillips es conseguir una medida que podría terminar autorizando la orden de embargo contra activos venezolanos. Te contamos por qué:
El pasado 29 de junio, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presentó un escrito en un tribunal estadounidense para impedir el embargo de activos que quería llevar a cabo ConocoPhillips contra las acciones de la compañía venezolana Citgo, arrebatada al país por solicitud del opositor Juan Guaidó, en medio de las campaña de máxima presión emprendida por Washington contra Caracas.
En el escrito citado, Pdvsa pidió al juez Leonar P. Stark, del distrito de Delaware, que anulara por falta de jurisdicción el procedimiento. La compañía venezolana alegó ese día que ConocoPhillips no podía perseguir las acciones de la empresa estatal Citgo, porque está abierta una compleja situación relacionada precisamente con las «sanciones» estadounidenses en otros casos relacionados.
Pero tan solo 20 días después, el juez Carl Nichols concluyó que Venezuela estaba obligada por los términos del Convenio del Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a pagar lo establecido en el laudo autorizado por el Banco Mundial hace tres años, más intereses valorados en otros mil millones.
ConocoPhillips informó que planea “buscar todas las vías disponibles para obtener una recuperación completa», pero no comentó sobre otras acciones.
La Cancillería venezolana comunicó que esta «írrita e ilegal decisión pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales».
El gobierno venezolano reiteró que continuará activamente con las acciones legales contra los «apátridas» que participaron en este fraude, responsabilizó a Juan Guaidó y José Ignacio Hernández de usurpar funciones públicas, para actuar en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión.
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Antecedente: Caso Crystalexx
En 2020, Venezuela denunció la venta ilegal de la refinería venezolana Citgo, confiscada de manera ilícita durante la administración de Donald Trump en 2019 y entregada a esta representación fraudulenta de la oposición venezolana.
El fallo emitido por el juez, Leonard P. Stark del Tribunal del Distrito de Delaware, y avalado por la Corte Suprema de ese país, autorizó la venta judicial de sus acciones para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.
La sentencia buscaba ejecutar también un laudo dictado por CIADI, por un valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamo realizado por la empresa canadiense, aun cuando ni PDVSA, Citgo, o PDV Holding, eran deudores de Crystallex.
En esa oportunidad, el presidente Nicolás Maduro denunció que el abogado que fraudulentamente pretendía representar a la República, en realidad había trabajado como asesor jurídico de la empresa Crystallex, y fue quien impulsó la tesis según la cual se pretende confundir como uno solo el patrimonio de Venezuela y el patrimonio de Pdvsa.
