La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró que sí existen violaciones masivas de derechos humanos contra los excombatientes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmantes del Acuerdo de Paz.
Debido a las reiterativas denuncias presentadas en los últimos años el máximo tribunal utilizó la figura del Estado de Cosas Inconstitucional, un mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población.
De acuerdo con los excombatientes, el Gobierno colombiano no ha cumplido con las garantías de seguridad discutidas durante la implementación del acuerdo, para brindar protección a los desmovilizados.
La Corte dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio.
Órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes, sus familiares y líderes.
De acuerdo con el Observatorio de Derecho Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 48 excombatientes de las FARC-EP reintegrados a la vida civil, fueron asesinados en el 2021.
Pero suman 299 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo, en septiembre de 2016, hasta enero de este año, reseña Telesur.
Órdenes emitidas
– Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.
– Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes.
– Ordenar a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
– En el término de tres meses el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento.
– Ordenar al Gobierno nacional adopte las medidas que le permitan cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva y pronta a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.
– Ordenar al Gobierno nacional disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo de paz que ejerzan liderazgo político o social tengan la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar.
– Priorizar a los municipios y regiones especialmente afectadas por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado (Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca) para descongestionar los análisis de riesgos represados.
