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Corte Constitucional de Ecuador analizará veto a ley de aborto

Fuser News

12/04/2022
Corte Constitucional de Ecuador analizará veto a ley de aborto
El pasado 5 de abril, el pleno del Parlamento ecuatoriano analizó un informe emitido por la Comisión de Justicia sobre la objeción del proyecto por interrupción del embarazo en caso de violación.

R. Vásquez

La Corte Constitucional de Ecuador (CC) abordará este martes en sesión extraordinaria el veto parcial presidencial a la Ley del Aborto por Violación, emitido al ente por la Asamblea Nacional de este país suramericano.

El pasado 5 de abril, el pleno del Parlamento ecuatoriano analizó un informe emitido por la Comisión de Justicia sobre la objeción del proyecto por interrupción del embarazo en caso de violación.

De acuerdo con el documento, 60 de las 63 observaciones del mandatario Guillermo Lasso al contenido de la normativa hacen referencia a supuestos incumplimientos constitucionales, por lo cual el Parlamento consideró que el mandatario debió vetar la propuesta por inconstitucionalidad.

La Corte Constitucional también tiene en su orden del día el debate sobre una acción de supuesto incumplimiento de sentencia, en la cual solicitan a la institución disponer al Jefe de Estado dar inmediata aplicación a lo resuelto por el pleno de la CC en la resolución 34-19-IN, que evidenció la ausencia de proporcionalidad entre el delito de aborto por violación y la pena establecida.

En este sentido, la CC resolvió declarar inconstitucionalidad en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal en la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental” y dispuso a la Defensoría del Pueblo, preparar un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en la propuesta.

La discusión se presentó sobre el período máximo para acceder al aborto. El legislativo estableció 12 semanas para mayores de 18 años de zonas urbanas y hasta 18, con carácter excepcional, en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de localidades rurales y comunidades indígenas.

Por su parte, el Ejecutivo planteó que el plazo límite sea de 12 semanas, sin distinción, y estableció requisitos previos para la interrupción del embarazo.

La regulación desató una fuerte polémica entre quienes apoyan el derecho a la mujer a elegir sobre su cuerpo y grupos denominados Pro Vida, en contra de la interrupción del embarazo, bajo cualquier circunstancia.

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