“Perú está dominado por el capital y los grandes propietarios”, aseveraba en 2019 el sociólogo y político peruano Nicolás Lynch, al hacer una evaluación del capítulo económico de la Constitución de la nación andina, que este 2023 cumple 30 años.
El país se encuentra sumergido en una crisis política agobiante, luego que la oligarquía peruana instaurada en las instituciones procediera con la ilegal destitución del presidente Pedro Castillo, electo a través de voto popular en 2021.
Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha registrado más de 40 muertos desde el inicio de las manifestaciones en contra del gobierno de facto de Dina Boluarte y los enfrentamientos con las fuerzas militares.
Durante las últimas tres décadas, el fujimorismo ha saboteado cualquier proceso de cambio en Perú, los empresarios financian las campañas de los candidatos de derecha para impedir que los progresistas tomen el poder ¿cuál es el trasfondo? Los intereses económicos, contratos y regalías.
Gran capital en la política
En 2011, por ejemplo, se hizo pública la “donación” del presidente del Directorio de Credicorp y Banco de Crédito – BCP, Dionisio Romero Paoletti, por 3.65 millones de dólares a la entonces candidata Keiko Fujimori.
La formidable influencia del gran capital en la política volvió a sonar en ese momento.
Más tarde, una investigación realizada por el profesor Francisco Durand concluyó que, entre aportes declarados y no declarados de grandes empresarios, incluido los de Romero Paoletti, habrían llegado a un aproximado de diez millones de dólares, de un total de más de doce que entraron a las cuentas del Partido naranja.
“La carta de 1993 es la síntesis del programa neoliberal que se ha aplicado en el Perú en los últimos treinta años y nos ha llevado donde estamos en la actualidad: en una crisis de régimen político sin salida a la vista”, escribió Lynch en esa oportunidad.
De acuerdo con el sociólogo, la propia Constitución es la que ha permitido que el 75% de los peruanos no tengan un trabajo con derechos, mientras extranjeros, empresarios, al igual que una minoría peruana han amasado grandes sumas de dinero.
La sacralización del derecho a la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos son la principal defensa de este capítulo económico de la Constitución de 1993.
La misma establece que, un contrato entre dos partes es ley, no solo entre las mismas, sino para toda la sociedad y para siempre, no puede ser cambiada ni siquiera por una ley de la República, algo que nada más es permitido en Perú.
“Lo han hecho para proteger a los grandes inversionistas internacionales que suelen imponer contratos leoninos al Estado peruano y solo permiten su modificatoria cuando les conviene. En otras palabras, lo que buscan es sustraer esos grandes contratos de inversión de la soberanía popular expresada en nuestras instituciones políticas como es el caso del Congreso”, remarcó Lynch.
Salida de Castillo ¿por conveniencia?
El teólogo y periodista venezolano, Numa Molina, dilucidó que este golpe de las instituciones hacia el jefe de Estado, refleja la preocupación de los grandes empresarios, por el aparente vencimiento de los contratos ley que el entonces dictador, Alberto Fujimori, concedió hace 30 años.
En abril de 2022, el Congreso intentó extender por 10 años más estos contratos ley. La Comisión de Energía y Minas aprobó un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para lograr su perpetuidad.
El proyecto, en su primera disposición complementaria, fue clara en reconocer que beneficiará de forma directa a ocho contratos, siete de ellos ubicados en Piura, que expiran próximamente.
Petroperú emitió un comunicado señalando que los contratos privados (de licencia) eran intangibles en el marco de la actual Constitución y no pueden ser revisados por el Estado, salvo cuando terminen.
“En realidad, lo que está proponiendo es otorgar un régimen de casi perpetuidad a los contratistas privados sobre los hidrocarburos por el tiempo que dure el recurso, lo que no tiene antecedentes en ninguna legislación democrática extranjera”, señaló la petrolera.
Molina recordó que los contratos se vencen en su mayoría este año y para “renovar las jugosas regalías de dichos contratos era necesaria la firma del presidente de la República, cosa que Pedro Castillo no haría, por esa razón había que deponerlo del poder”.
Destacó que el interés económico de un pequeño grupo de la oligarquía limeña pudo “más que los sueños de un pueblo en las urnas”. Reiteró que las cúpulas económicas son hegemónicas, también en el congreso y desde ahí ejercen el poder a su antojo.
LA VERDAD DE PERÚ: este año se cumplen 30 años de la Constitución de Fujimori y con ella se vencen una serie de contratos ley que el dictador concedió a los grandes empresarios del país. Estos contratos fueron elaborados por los empresarios a su favor
— numa molina (@numamolina) January 11, 2023
