El ministro de Seguridad Pública y de Preparación para Emergencias de Canadá, Bill Blair, manifestó que su país enfrenta un ataque coordinado y dirigido en gran parte con fondos extranjeros.
Las declaraciones tuvieron lugar en el marco de las protestas en la ciudad de Otawa y del bloqueo de camiones que interrumpieron el flujo en El Puente Ambassador, cruce fronterizo más concurrido entre Canadá y Estados Unidos y que además transporta el 25% del comercio binacional.
A juicio de Blair y de algunos especialistas, las acciones fueron financiadas por la derecha estadounidense. De acuerdo a análisis de AP, los manifestantes recibieron cerca de 10 millones de dólares en recaudaciones en sitios web como GiveSendGo.
Las protesta se produjeron supuestamente en reacción a las medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno de Joe Biden a los camioneros, como las pruebas anticovid y el aislamiento, pero estos no serían los únicos descontentos.
Expertos aseguran que el apoyo externo está realmente destinado a inyectarle energía a la política conservadora en Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales de medio mandato.
Algunos republicanos enfadados con la gestión de Joe Biden, creen que apoyar a los manifestantes en su vecino del norte impulsará en casa la recaudación de fondos y la participación de votantes, agregan estos especialistas.
Samantha Bradshaw, becaria postdoctoral en el Laboratorio Digital de la Sociedad Civil de la Universidad de Stanford, señaló que las manifestaciones de los “Convoys de la Libertad” será un tema de debate en las elecciones.
Agregó que usar esta protesta como una oportunidad para impulsar a sus propios seguidores y a otros grupos, puede ser conveniente para ellos.
El mismo senador de Texas, Ted Cruz y la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, elogiaron a los canadienses, llamándolos “héroes” y “patriotas”.
Otros millones de dólares fueron obtenidos a través de un GoFundMe, los mismos fueron bloqueados después de que las autoridades canadienses se quejaron con la empresa, que determinó que la campaña violaba sus términos de servicio en relación con actividades consideradas ilegales.
