El Congreso de Guatemala archivó este martes la cuestionada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que proponía elevar hasta 50 años las condenas por aborto y prohibir el matrimonio homosexual.
Con 119 votos a favor, 15 en contra y 26 abstenciones fue votado el Decreto 18-2022, luego de que hace una semana 101 de esos propios 160 diputados hubiesen aprobado el documento, el cual elevaba de tres a diez años de prisión la pena a toda mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause.
Luego de las protestas desatadas por grupos feministas y organizaciones defensoras de derechos civiles y humanos, el presidente de ese país centroamericano, Alejandro Giammattei, advirtió que vetaría la normativa al considerarla inconstitucional, refiere Telesur en su portal web.
Aunque se termine por archivar la aberración jurídica de la ley 18-2022, contra la mujer y la diversidad, la vergüenza que supone que 101 diputados/as votaran a favor de un texto inconstitucional quedará grabada en la memoria del pueblo de Guatemala. @BArevalodeLeon #LeyDelOdio pic.twitter.com/hRg0KEJ7xO
— Bancada Semilla (@BancadaSemilla) March 16, 2022
El jefe de Estado señaló que igualmente violaba convenios internacionales de los cuales Guatemala es suscriptor, por lo que solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada precisamente el Día Internacional de la Mujer.
El decreto 18-2022 planteaba restringir la enseñanza escolar sobre diversidad sexual, alegando que “grupos minoritarios proponían modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”, los cuales consideraban amenazantes del equilibrio moral de la sociedad guatemalteca.
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La activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Alma Chacón, previamente expresó que “esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remarcó que ley propuesta desconocía “los principios de igualdad y no discriminación, esenciales para el derecho internacional”.
Tras ser archivada esta propuesta de Ley, se mantiene la normativa vigente, la cual penaliza el aborto en Guatemala con hasta tres años de prisión y es permitido y no sancionado únicamente cuando está en peligro la vida de la madre.
La junta directiva del Congreso no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente, lo cual generó el disgusto de los parlamentarios de la oposición.
