“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado», dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México.
Tras la emisión del último informe de la Comisión para la verdad y el acceso a la Justicia, se determinó que estuvieron involucradas agentes de diversas instituciones gubernamentales y grupos delictivos del estado de Guerrero.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Encinas agregó que «estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, en el caso Ayotzinapa pero el informe falló al no poder especificar el posible destino de los estudiantes, por lo que no hay indicios de que alguno permanezca con vida.
Es la primera vez que un alto funcionario verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en la intimidad de los mexicanos estos años.
El caso #Ayotzinapa no está cerrado, continúa hasta encontrar toda la verdad y castigar a los responsables#Comunicado
👉🏻https://t.co/N6BLqUqwvM— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 19, 2022
La posibilidad de que alguno de los 43 apareciera con vida era remota. El mes que viene se cumplen ocho años del ataque y en este tiempo se han encontrado restos óseos de solo tres de tres de los desaparecidos, pero sin pistas del posible paradero del resto.
Las familias informaron que se tomarán un tiempo para evaluar los resultados del informe de 103 páginas además de los anexos, antes de pronunciarse al respecto.
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¿De qué trata el caso?
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala, estado de Guerrero, México, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y cinco autobuses en los que se transportaban normalistas, 43 de ellos desaparecieron, solo los tres de tres de ellos han sido identificados.
El motivo de la desaparición forzada sigue sin esclarecerse, pero los sospechosos todavía son el Ejército Mexicano, Guerreros Unidos, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y los policías municipales de Iguala y Cocula.
