El Senado chileno pautó para el próximo martes 21 de marzo la votación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las propuestas de gobierno del presidente Gabriel Boric que inicia su segundo año de mandato.
El proyecto contempla la disminución gradual del horario de trabajo hasta llegar a las 40 horas para 2028, además de garantizar facilidades para personas cuidadoras de niños, niñas y adolescentes hasta 12 años, entre otros aportes que forman parte de la seguridad social y laboral de los chilenos.
En junio de 2022 el presidente Gabriel Boric anunció que impulsaría el proyecto y destacó “la confianza de que podemos, que estamos dando un paso significativo para una vida más digna para nuestro pueblo”.
“Es posible y deseable mejorar la calidad de vida, las relaciones laborales, la productividad, el negocio, y -en el fondo- construir una mejor sociedad”, indicó.
Reacciones
A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Trabajo de Chile, Giorgio Boccardo, señaló que en el primer año de gobierno se han implementado cerca de 300 medidas en beneficio de los trabajadores.
Son diversas las iniciativas que impulsamos en #1AñoDeGobierno para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora seguimos! Nuestro compromiso permanente por avanzar en Trabajo Decente. https://t.co/NJd89gGrKO
— Giorgio Boccardo (@gboccardobosoni) March 12, 2023
Por su parte, la diputada Karol Cariola, líder de la bancada comunista en la Cámara Baja destacó que el proyecto “tiene un tremendo respaldo ciudadano y no puede ser que por falta de voluntad política de algunos senadores este proyecto quede estancado”, refiere Telesur.
https://twitter.com/MaritzaZevach/status/1635383908849324032
Antecedentes
En 2019, la propuesta fue promovida por la diputada comunista Camila Vallejo, quien argumentó que “no hay economía que se pueda levantar si tiene a los trabajadores con serios problemas de salud mental, agobio, depresión y estrés”.
Pese a su aprobación por la Comisión de Trabajo del Senado y además de contar con un fuerte respaldo de la población, la iniciativa encontró fuerte oposición por parte del anterior gobierno, sectores empresariales y partidos de derecha y fue abordada por última vez ante el Legislativo en enero de 2020.
