Este miércoles el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa, Portugal, emitió una sentencia que ordena a la entidad financiera Novo Banco a reembolsar alrededor de 1.500 millones de dólares a cuentas de instituciones venezolanas, respondiendo a una demanda introducida por el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en 2019.

Esta decisión judicial ha sido celebrada en Venezuela declarándola como una victoria política y jurídica ante la estrategia de “máxima presión” impulsada por la extinta administración estadounidense de Donald Trump y que sigue inamovible con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, donde las sanciones han sido instrumento para promover el colapso económico que genere las condiciones para empujar un cambio político.

“La decisión del Tribunal Civil Central de Lisboa constituye una clara y contundente victoria del pueblo venezolano frente a la estrategia de desconocimiento de la institucionalidad republicana, impulsada por poderes internacionales y actores de la vida política nacional, con el propósito de apropiarse de recursos que son de todos los venezolanos y causar sufrimiento a la población”, reza el texto oficial.

El Gobierno Bolivariano celebra la victoria de nuestro pueblo en el juicio contra Novo Banco. Esta es una batalla ganada entre muchas otras que estamos peleando por la recuperación de todos nuestros recursos secuestrados por el imperialismo estadounidense y sus lacayos. pic.twitter.com/sHlzhHW5xg

— Yvan Gil (@yvangil) August 10, 2023

¿Qué pasará ahora?

Esta decisión tribunalicia que marca la posición del Estado portugués en torno al reconocimiento a la institucionalidad venezolana, que ha sido objeto del desconocimiento de Estados Unidos y gran parte de los países que integran la Unión Europea que apostaron por la legitimación diplomática de un “gobierno interino” ya extinto, se encuentra supeditada a las acciones que, haciendo uso de su influencia transnacional financiera, fueron ejecutadas por Estados Unidos.

Esta capacidad de poderosa influencia legal y financiera de la nación norteamericana, se expresa en la imposibilidad que puede alegar el Novo Banco para realizar este reembolso debido a las sanciones que le fueron impuestas al Bandes que amenaza a posibles inversores y socios de ser objeto de medidas legales por parte de Estados Unidos en caso de realizar cualquier operación que esté estipulada como “ilegal” por la resolución que emitió el Departamento de Estado contra esta institución financiera venezolana.

Esta limitante fue esgrimida por el exdiputado venezolano Carlos Paparoni, quien ha sido uno de los defensores de la política de “máxima presión” contra Venezuela y recuerda que “mientras estas acciones (sanciones) existan Nicolás Maduro no tendrá acceso a esa plata”.

«No es que ese dinero va a llegar aquí mañana. Bandes está bloqueado y eso es un hecho. Bandes está sancionado y es el propietario de los recursos», reconoció Castillo.

Ante esto, las posibilidades de que esta decisión pueda ser cumplida es la extensión de una licencia por parte de Estados Unidos o la decisión de levantar las medidas coercitivas, siendo este último caso el menos probable debido a la negativa de poner fin a la política de “máxima presión” contra Venezuela por parte de las instituciones estadounidenses.

¿Victoria política?

El Gobierno venezolano ha celebrado esta decisión señalándola como un “victoria política” frente al esquema de sanciones promovidas por Estados Unidos, que ha derivado en la retención de activos, bloqueo de capital en bancos estadounidenses y europeos, así como en la persecución y judicialización de funcionarios a los que se acusa de vulnerar la extraterritorialidad de los dictámenes estadounidenses.

Esta decisión por parte de un órgano perteneciente al Estado portugués confirma el reconocimiento de este país europeo a la institucionalidad venezolana, considerándose como un nuevo quiebre en el apoyo al plan estadounidense de “aislamiento internacional”.

De igual manera, esta decisión favorable a la institucionalidad de la nación suramericana sienta un precedente jurídico que será esgrimido por Venezuela en otros casos como evidencia de la ilegalidad de las acciones estadounidense, que llegaron incluso a traducirse en la detención ilegal del Enviado Especial, Alex Saab, quien en la actualidad libra una batalla judicial en Estados Unidos para exigir se reconozca su condición de diplomático y por ende su inmunidad.

Venezuela a la ofensiva

Avalados por este precedente jurídico, el Gobierno venezolano ha anunciado que continuará ejerciendo las acciones legales que correspondan para recuperar los activos que sostienen “están secuestrados en el exterior” a petición de EE.UU.

Indica el presidente Nicolás Maduro que estos activos secuestrados oscilan entre los 24.000 y 30.000 millones de dólares, siendo los de más alto relieve el oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra (casi 2.000 millones) y la empresa Citgo cuyo valor estimado por el Gobierno venezolano se ubica entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares, a los que se suman, según cifras del Observatorio Venezolana Antibloqueo 7.000 millones líquidos congelados en bancos en Portugal, Euroclear y otras 30 cuentas en el exterior, así como 5.000 millones retenidos por el Fondo Monetario Internacional.

“El Gobierno de Venezuela ratifica que continuará ejerciendo todas las acciones a su disposición, tanto en el ámbito jurídico como diplomático, para restituir los derechos del pueblo venezolano sobre los recursos que le pertenecen y que actualmente continúan ilegalmente bloqueados en entidades financieras extranjeras”, señala el Comunicado emitido este jueves.

Asimismo, advierten que se reservan “el ejercicio de las acciones correspondientes por los daños y perjuicios causados a sus entidades y a su población, como consecuencia de la congelación de los recursos que le pertenecen”.

A la fecha no existe pronunciamiento oficial por parte de la directiva del Novo Banco en torno a qué acciones ejercerá a partir de esta decisión tribunalicia que es celebrada en Venezuela como una victoria política y diplomática frente a las sanciones estadounidenses que son la mayor amenaza para que se cumpla con el dictamen.