Próximamente un tribunal de Delaware llevará a cabo la subasta ilegal de Citgo Petroleum, como parte de un despojo auspiciado por la oposición venezolana y empresas extranjeras.
En 2019, la deuda de la empresa era manejable para Venezuela, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaba realizando los pagos. Sin embargo, esta situación cambió cuando Estados Unidos (EE.UU.) transfirió las cuentas bancarias de Citgo a Juan Guaidó.
Recientemente, el profesor Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, recordó que, en marzo, una corte de Delaware autorizó el embargo de Citgo para favorecer a cuatro acreedores, tras concluir que el gobierno interino había utilizado los bienes de la compañía para sus propios fines lucrativos.
«Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de Pdvsa en Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que Pdvsa pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos (…) Anunció que tiene la intención de tratar de la misma manera las deudas de Venezuela y las de Pdvsa en una eventual reestructuración de la deuda», sostuvo la corte.
Esto generó tensiones y, en consecuencia, se perdieron 19 mil millones de dólares al obligar a Citgo a aceptar términos de refinanciamiento.
Cabe destacar que todas las acciones tomadas por Guaidó al usurpar el Ejecutivo venezolano fueron facilitadas por la administración de EE.UU. tras el reconocimiento del entonces diputado en 2019 como supuesto «presidente interino», figura suprimida en enero de 2023.
“La administración Trump le dio al gobierno venezolano acceso de la oposición a cuentas bancarias estadounidenses que contienen miles de millones pertenecientes a la petrolera estatal venezolana”, reseña el documento legal emitido por dicha corte.
Además, el Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional en manos de la oposición en 2019 autorizó a Guaidó a nombrar una Junta Ad Hoc para tomar el control de los activos. Esto afectó la gobernanza corporativa de Pdvsa y Citgo, permitiendo a Guaidó influir en la dirección de la compañía.
“En abril de 2020, el Gobierno de Guaidó recurrió a fondos de Pdvsa y Citgo ubicados en los Estados Unidos para financiar sus honorarios legales y también para financiar la propia Asamblea Nacional”, agrega el texto.
Cabe destacar que, en la legislación estadounidense, los acreedores de una nación no tienen un derecho para embargar bienes de una empresa pública, aún si este fuera el caso. Este derecho solo lo adquieren si son capaces de comprobar que la República usó a esta empresa para sus propios beneficios, y como la comitiva fraudulenta era reconocida por EE.UU., abrió las puertas para este fallo.
