El asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González, manifestó que el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) está dispuesto a levantar las sanciones económicas a Venezuela, tras asegurar que tienen tres años intentando desmantelar la política de «máxima presión» implementada por expresidente Donald Trump.
«Nos ha tomado tres años desmantelar lo que fueron las políticas fallidas de la Administración Trump de imponer presión a través de sanciones en ausencia de una conversación a nivel internacional”, aseveró González, quien además reconoció durante la conferencia anual CAF, el rol de actor político que ha signado el accionar de EE.UU. en Venezuela.
«Vemos que los Estados Unidos no puede ser un actor político en Venezuela”, indicó, al tiempo que expresó que el posible levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales se llevarían a cambio de lo que llamó “pasos concretos” por parte del Gobierno venezolano.
Para ello señaló el interés de Washington en buscar otros caminos de diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«Los diálogos entre venezolanos y ofrecemos aliviar la presión de sanciones en base a pasos concretos», sin ofrecer mayores detalles de lo que puede interpretarse como una nueva medida de coacción hacia el país.
Sanciones
El Gobierno estadounidense ejecuta actualmente más de 900 sanciones económicas y financieras contra el país, funcionarios gubernamentales, e incluso contra proyectos de salud dirigidos a niños.
Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, se generó un encuentro internacional, con la participación de 19 países, para facilitar el diálogo entre el Gobierno y los sectores opositores de Venezuela, que recibieron apoyo y financiamiento desde EE.UU. como otra de las medidas de presión contra el Gobierno Bolivariano.
Sin embargo, días después, en acciones contradictorias, autoridades estadounidenses anunciaron la confiscación del avión de Emtrasur y la asignación de más de tres millones de dólares de los venezolanos a Dinorah Figuera, quien se encuentra prófuga de la justicia venezolana y que funge como presidenta de la extinta Asamblea Nacional electa en 2015.
