Las víctimas y sobrevivientes de las masacres cometidas por el gobierno de facto de Bolivia en 2019, contarán con una mesa de seguimiento sobre los hechos de represión a recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Gloria Quisbert, representante legal de las víctimas, informó a un medio local que desde este miércoles “en la iglesia de Senkata (…) se armará un mecanismo de seguimiento del GIEI- Bolivia”.
La intención es que se reencuentren los familiares y sobrevivientes de la acción represiva cometida en noviembre de 2019 por las fuerzas leales a Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
Los testimonios recogidos serán entregados a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra de visita en la nación del Altiplano. Quisbert enfatizó que exigirán a la CIDH justicia para que “los delitos de los golpistas no queden en la impunidad”.
Relator de la ONU
El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, instó a priorizar la aplicación de la justicia respecto a los crímenes cometidos por el gobierno de facto en 2019.
“Las víctimas y sus familiares están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, enfatizó el relator ONU durante una visita en febrero pasado.
Masacres en Bolivia
Tras la contundente victoria del líder indígena Evo Morales en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, los factores de oposición y enemigos políticos impulsaron un boicot a los resultados que terminó en un golpe de Estado. Inmediatamente, la presidente del Senado para ese entonces y declarada opositora a las políticas del mandatario, Jeanine Áñez, asumió el poder del Ejecutivo y ordenó una persecución política contra los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), tolda gobernante.
El hecho generó multitudinarias protestas en las principales ciudades del país, sobre todo en las regiones de Secaba y Senkata entre el 11 y el 19 de noviembre, donde fueron asesinadas al menos 37 personas por las fuerzas represoras de Áñez.
