La Casa Blanca publicó este martes una orden ejecutiva sobre las acciones del Gobierno de Joe Biden para negociar presos estadounidenses en otros países, como una extensión de la Acción Silenciosa (Lenvison Act), por la cual se creó el cargo de enviado especial para asuntos de rehenes, que actualmente ocupa Roger Carstens, uno de los funcionarios que ha viajado a Venezuela a reunirse con el presidente Nicolás Maduro.
Este decreto plantea tres propósitos, entre los cuales destaca la disuasión para que no realicen detenciones de ciudadanos estadounidenses en otros Estados «a través de medidas represivas sin el debido procedimiento, socavando la jurisdicción y soberanía de los sistemas de seguridad y judiciales de los Estados».
Asimismo, pretende evitar que los ciudadanos estadounidenses viajen a países considerados «hostiles» mediante advertencias establecidas por el Departamento de Estado.
Como tercer propósito, la administración Biden busca “generar condiciones legales y políticas para tomar cualquier decisión que garantice el retorno de sus ciudadanos detenidos en países extranjeros”.
Marco legal para Alex Saab
En el caso del Embajador venezolano Alex Saab, deberían estar más preparados para llegar a un acuerdo.
Juristas señalan que el tercer propósito permitiría a Biden, por ejemplo, liberar a Saab por vías de excepción política para continuar las negociaciones con el Gobierno del presidente Maduro a través de su enviado especial Carstens.
Alivio de sanciones
En lo referente a Venezuela, la implementación de la Orden posiblemente abrirá una vía para solucionar en los mejores términos el caso de la empresa CITGO, al igual que el proceso de los condenados y de los activos venezolanos.
Orden engañosa
Expertos en materia legal refieren que el titular de la Orden “es engañoso”. Si bien indica que EE.UU. buscará recuperar a los rehenes más rápido, también deja en claro que el país norteamericano utilizará sanciones y otras herramientas económicas contra aquellos a quienes declara unilateralmente como «tomadores de rehenes».
La orden ejecutiva está viciada de extraterritorialidad jurídica dado que ya existen organismos y acuerdos internacionales para la solución de este tipo de conflictos. De hecho, entre otras cosas, para esto son las misiones diplomáticas entre países.
