La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, manifestó este domingo su preocupación ante la postura del ultraderechista Partido Republicano en torno a una posible derogación de la ley de aborto vigente en la nación suramericana desde 2017.
De acuerdo con Orellana, «en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, ahora se llamarán republicanos, pero es el mismo sector que recurrió ante el Tribunal Constitucional para impedir la pastilla del día después. Respecto de la anticoncepción y también de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que la mejor defensa es la legitimación popular que tiene».
Indicó la activación de diálogos con representantes del Partido Comunista de Chile y la expresidente Michelle Bachelet, ante la preocupación porque la propuesta alcance una mayoría en el Congreso Nacional.
“Cuando se conoció esto, yo inmediatamente recibí mensajes de muchas organizaciones muy preocupadas, y no organizaciones, como creen que son, de las feministas más radicales, sino organizaciones que trabajan vinculadas a pobreza, a infancia», detalló la funcionaria quien defiende el “derecho a decidir”.
«La mayoría de quienes invocan la causal de violación son niñas de 13 años, y eso muestra el poco sentido de realidad de esta propuesta, que por un principio abstracto están dispuestos a criminalizar a cerca de 4.000 mujeres y niñas», añadió.
Ultraderecha en Chile
Las declaraciones de la ministra Orellana se produjeron ante los pronunciamientos de la ultraderecha, que en las últimas encuestas aparece como el partido con mayor identificación entre la población chilena, sondeos que se desarrollaron la semana pasada en medio del debate en torno a las enmiendas constitucionales, disposiciones redactadas en el Consejo Constitucional donde esta organización es la mayor fuerza.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó sobre el tema del aborto que “el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida”, cita Telesur.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, y aunque promulgada en septiembre de 2017, aún no se superan muchos de los obstáculos desde su implementación.
Según el Ministerio de Salud Pública, cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, sin embargo, las cifras se encuentran por debajo de esta estimación, llegando a reportar 2.793 abortos desde el 2018 hasta el 2022.
