La Audiencia Nacional impuso a Felipa Artano Sagastume, madre de Joxi Zabala –joven asesinado en 1983 por los grupos terroristas del Estado español–, un pago obligatorio por los costes de un recurso legal que introdujo contra la decisión de un tribual de que su familia no recibiera una indemnización complementaria por ser víctimas de un acto terrorista.
En una resolución emitida por la jueza Elena Oca de Zayas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la señora Artano Sagastume deberá cancelar 9.252,06 euros por “no haber impugnado la tasación de costas practicada en fecha 30 de marzo de 2022”, por lo que “procede a aprobar la misma sin más trámites”.
La señora Felipa introdujo un recurso ante la Audiencia Nacional en marzo pasado, contra la decisión del Tribunal Constitucional de España de negarle a ella y a la familia de Joxean Lasa, el otro joven asesinado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el derecho a una indemnización complementaria según lo estipula la Ley de Víctimas del Terrorismo.
El Constitucional español rechazó que los familiares de Lasa y Zabala fueran incluidas en las ayudas que otorga el Estado, a través de la referida Ley, porque el artículo 8 del “Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos” excluye a la víctima de los beneficios cuando esta “participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.
Por ello, las familias de los dos jóvenes recurrieron con el argumento de que esas resoluciones vulneraban la presunción de inocencia, ya que nunca quedó demostrado que los asesinados fueran miembros de ETA.
Caso Lasa-Zabala
Joxi Zabala y Joxean Lasa fueron asesinados en 1983 por dos agentes del grupo parapolicial GAL, creado para enfrentar a los combatientes de ETA. Ambos jóvenes se encontraban en calidad de refugiados en Bayona (Francia) donde los paramilitares de GAL los secuestraron y trasladaron al palacio de La Cumbre, en San Sebastián.
En ese lugar sufrieron torturas y tratos crueles por parte de los GAL que los señalaban como miembros de ETA. Quedando mal heridos, el general Enrique Rodríguez Galindo ordenó que fueran asesinados y desaparecidos, con plena conocimiento del gobernador de la entidad Julen Elgorriaga.
Es así como los guardias civiles, Enrique Dorado y Felipe Bayo, los trasladaron hasta las Aguas de Busot (Alicante), obligando a los jóvenes a cavar su propia fosa, y les dispararon tres tiros en la cabeza a cada uno cubriendo luego su tumba con cal viva.
En 1995 fueron descubiertos los restos de Lasa y Zabala iniciando una investigación judicial que culminó con la condena en el año 2000 contra el general Galindo, el gobernador Elgorriaga y los dos agentes policiales que ejecutaron la orden.
