Los gobiernos de Argentina y Ecuador expulsaron a los embajadores respectivos, en una crisis detonada luego que una exministra ecuatoriana, condenada por la justicia, cambió su asilo diplomático en la embajada argentina en Quito por la de Caracas, capital de Venezuela.
Argentina declaró persona no grata al embajador de Ecuador, Xavier Monge Yoder, como reacción a la decisión del Gobierno ecuatoriano de expulsar de ese país al embajador argentino, Gabriel Fuks.
Mediante un comunicado fechado del 14 de marzo, la Cancillería argentina anunció su “sorpresa y profunda tristeza” ante la decisión de Gobierno ecuatoriano contra su representante diplomático.
En una reunión en la noche del 13 de marzo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Luis Vayas, entregó una nota verbal a Fuks, comunicándole que lo declaraban persona no grata y debía abandonar el país en un tiempo prudencial.
A principios de diciembre de 2022, Argentina dispuso concederle a María de los Ángeles Duarte Pesantes, ministra de Obras Públicas durante el Gobierno de Rafael Correa, el asilo diplomático, en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Ecuador se negó a dar el salvoconducto.
Inoperancia ecuatoriana
Duarte Pesantes había estado alojada junto con su hijo, menor de edad y de nacionalidad argentina, en la Residencia de la Embajada argentina en Quito desde el 20 de agosto de 2020.
El Ministerio de Exteriores argentino aclaró que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre Duarte Pesantes”, explicando que el predio, de 2.400 metros cuadrados (una de las delegaciones argentinas más grandes en el mundo) dificulta el contacto directo con el ala en la que vivía la exministra.
“Ella estaba como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo ni dio explicaciones sobre lo que se iba a hacer”, asegura la misiva. Agrega que la residencia está cuidada por la policía ecuatoriana, por lo que deslindaron responsabilidades de “custodia” de la ministra condenada, que luego de salir de la sede diplomática, recorrió media capital ecuatoriana, pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó, sin problemas, a Venezuela, donde la recibió el embajador argentino acreditado en Caracas, Oscar Laborde.
“En modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino que la persona mencionada haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero, eludiendo los sistemas de control dispuestos alrededor de la Residencia de la embajada argentina en Quito”, expresa el comunicado.
«El Gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación», asevera la Cancillería en el documento.
Sobre la exministra María de los Ángeles Duarte, de 60 años, pesa una condena a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador.
