El presidente Alberto Fernández solicitó al Congreso investigar los responsables del endeudamiento de Argentina durante la apertura del 140 ciclo de sesiones ordinarias del Congreso y la presentación de su memoria y cuenta ante el parlamento de ese país.
“Los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de tantos desatinos», dijo en referencia a la deuda tomada en préstamo en 2018 al Fondo Monetario Internacional.
Esa frase generó la reacción de la bancada opositora Juntos por el cambio -alianza que representa al expresidente Mauricio Macri- cuyos representantes abandonaron en masa el recinto.
Fernández insistió en la necesidad investigar a los responsables de la deuda y defendió el reciente acuerdo logrado para refinanciar con el FMI el monto de 45 mil millones de dólares.
Dijo que los pagos al FMI se iniciarán en 2026 y se terminarán de pagar en 2034. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”, resaltando que lograron el mejor acuerdo que se podía.
Explicó que el nuevo acuerdo es una refinanciación de aquel préstamo que permitirá no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos y se usará el dinero del propio FMI que empezara a pagarse dentro de cuatro años y medio.
“En 2020 logramos una exitosa restructuracion de la deuda privada extranjera, que nos ahorró más de 38 mil millones de dólares, ahora hemos llegado a un acuerdo con el FMI. Estamos dando un nuevo paso que no es el primero y no será el último, se trata de una deuda inmensa”.
Enfatizó que los compromisos asumidos en 2018 eran incumplibles y recordó que este año Argentina se había comprometido a pagar en concepto de capital e intereses 19 mil millones de dólares.
Cumplir ante las adversidades
Fernández en su discurso también se refirió también al veto de la oposición del presupuesto de 2022.
“Es muy ingrato ver los niveles de polarización política que están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles”, manifestó el mandatario, tras recordar que el Congreso en 2010 dejó sin presupuesto a Cristina Fernández y ahora a él.
«Debo dejar tranquilo a los compatriotas, me dejaron sin la herramienta del presupuesto pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que prometimos a millones de argentinos en la campaña electoral», dijo entre aplausos.
Sobre el espionaje durante el macrismo
Fernández advirtió sobre los vínculos entre el gobierno de Mauricio Macri y los servicios de inteligencia.
«Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron”.
«Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia.Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé», resaltó.
Aseguró que «en la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana».
Reforma Judicial
El presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de impulsar «una reforma integral del sistema de administración de justicia federal» para que «recupere la confianza pública» y sea «completamente independiente», al tiempo que reconoció el fracaso del tratamiento en el Congreso de la Nación y realizó críticas al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia
«Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos», enfatizó.
«Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”, sentenció.
Denunció el accionar de algunos jueces en favor de grupos concentrados: «En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
«Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”.
