Este lunes trascendió en los medios el asesinato de Patricia Rivera, activista mexicana que luchó por los derechos de los pueblos indígenas de su país, tras ser víctima de un asalto en su residencia ubicada en la fronteriza ciudad de Tijuana.
La abogada recibió un disparo en la cabeza por parte de los presuntos asaltantes la noche del sábado (19/03). Ese día Rivera compartía junto a otros familiares y amigos en su domicilio de la colonia Terrazas de la Presa. Los criminales, también, hirieron de gravedad a José Félix Villarreal, profesor titular del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT).
Luego de despojar de sus pertenencias a los presentes, los antisociales huyeron del lugar. Hasta el momento, las autoridades no tienen rastros de los asaltantes ni sospechosos.
Patricia Rivera era originaria de Guaymas, Sonora, con un título de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California con una especialidad en Madrid, España, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, era reconocida por defender los derechos de las comunidades indígenas en el estado de Baja California, donde se desempeñó como consejera en la Procuraduría de los Derechos Humanos, reseña RT.
Repudio al asesinato
Al conocerse el hecho, varias organizaciones sociales del norte de México expresaron su rechazo en contra del crimen, al destacar el trabajo de Rivera para el desarrollo y protección de la cultura de los indígenas.
La indígena de la etnia cucapá Mónica González Portillo, miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), expresó en redes sociales: “qué lamentable acontecimiento, sin duda una gran pérdida”.
Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), también se unió a la condena del asesinato porque “cualquier atentado a personas defensoras de los derechos humanos es un agravio a la sociedad”.
